FIFPRO Europa celebra la resolución unánime que admite a trámite la denuncia presentada por la UNFP contra Francia en virtud de la Carta Social Europea

• La UNFP (Francia) se convierte en el primer sindicato de deportistas en lograr que el Comité Europeo de Derechos Sociales declare admisible una denuncia colectiva presentada en virtud de la Carta Social Europea
• El caso se centra en la falta de garantías mínimas de bienestar para los jugadores en lo que respecta a la carga de trabajo, así como en el incumplimiento de los convenios colectivos nacionales a nivel internacional
• FIFPRO Europa acoge con satisfacción la decisión unánime y ha solicitado presentar sus observaciones en el procedimiento en su calidad de representante reconocido de los futbolistas en el fútbol europeo

La Unión Nacional Francesa de Futbolistas Profesionales (UNFP) se ha convertido en el primer sindicato de jugadores y organización deportiva en lograr que el Comité Europeo de Derechos Sociales declare admisible una denuncia colectiva en virtud de la Carta Social Europea, lo que supone un hito para el movimiento mundial de jugadores y para la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores en el deporte profesional.

La decisión del Comité, adoptada por unanimidad el 16 de marzo de 2026, considera que la Queja n.º 247/2025 —UNFP contra Francia— cumple todas las condiciones de admisibilidad en virtud del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea. Allana el camino para un examen exhaustivo de si Francia ha incumplido su obligación de garantizar que los futbolistas profesionales, incluidos los menores de edad, se beneficien de las garantías mínimas reconocidas a todos los trabajadores en virtud de la Carta.

FIFPRO Europa felicita a la UNFP y expresa su apoyo a todos los sindicatos de futbolistas de Europa, a quienes esta decisión ha abierto una vía más para promover y proteger los derechos y las condiciones de salud y seguridad de sus jugadores.

Un problema estructural arraigado en el calendario internacional de partidos

Las violaciones de los derechos laborales fundamentales —en materia de salud y seguridad, tiempo de trabajo y derecho a la negociación colectiva— no son fallos aislados de Estados individuales. Son una característica estructural del fútbol profesional, impulsada por los formatos de competición en expansión de la FIFA y su toma de decisiones y control unilaterales sobre el calendario internacional de partidos, en el que los jugadores y sus representantes no tienen voz ni voto.

Francia no está sola: muchos otros Estados se encuentran en una situación comparable, con normas mínimas sobre el tiempo de trabajo, los períodos de descanso, la salud laboral y la negociación colectiva socavadas estructuralmente por decisiones tomadas a nivel mundial. Por lo tanto, FIFPRO Europa considera la denuncia ante la UNFP como un caso emblemático con implicaciones que van mucho más allá de Francia.

La aplicación de las normas internacionales del trabajo al sector del deporte profesional

Como tratado del Consejo de Europa, la principal organización de derechos humanos del continente, la aplicación de la Carta Social Europea al sector del deporte profesional y a los organismos reguladores internacionales sigue una tendencia al igual que otras organizaciones internacionales.

Dos acontecimientos institucionales recientes refuerzan este punto y envían una señal inequívoca a los gobiernos nacionales: apenas unos días después de la decisión de admisibilidad, el 18 de marzo de 2026, la OIT adoptó sus primeras directrices sobre derechos laborales y seguridad y salud en el trabajo para los deportistas profesionales, reconociendo a los deportistas como trabajadores con derecho a la plena protección de las normas internacionalmente reconocidas. Y en octubre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó su informe sobre el modelo deportivo europeo con más del 80 % de los votos, reafirmando que la normativa en materia de salud y seguridad en el trabajo se aplica a los deportistas profesionales, y pidiendo a los Estados miembros que garanticen una gestión proactiva de los riesgos de salud y seguridad en el trabajo que abarque los calendarios de partidos, los desplazamientos y las competiciones que se solapan.

En conjunto, estas instituciones han dejado claro que los organismos reguladores internacionales son responsables de garantizar la aplicación de las normas laborales mínimas reconocidas, de conformidad con los marcos jurídicos internacionales y nacionales.

Derechos fundamentales de los trabajadores: violaciones concretas de la Carta y responsabilidad del Estado

La UNFP señala violaciones de cinco artículos de la Carta Social Europea relativos a las condiciones justas de trabajo, las condiciones de trabajo seguras y saludables, la negociación colectiva, la protección de los niños y los jóvenes, y el derecho a la protección de la salud. Los detalles completos de cada violación se recogen en las preguntas frecuentes adjuntas AQUÍ.

El Gobierno francés impugnó la admisibilidad de la denuncia, alegando que las presuntas violaciones eran atribuibles a actores privados o extranjeros y no al propio Estado. El Comité Europeo de Derechos Sociales rechazó esta objeción. Los Estados no pueden eximirse de sus obligaciones en virtud de la Carta señalando las acciones de organismos privados o internacionales: el Estado sigue siendo responsable de garantizar la aplicación efectiva de los derechos garantizados por la Carta dentro de su jurisdicción, ya sea en su calidad de operador o de regulador.

Esta decisión unánime de admisibilidad sienta un importante precedente sobre cómo se responsabiliza a los gobiernos nacionales por el impacto real de la gobernanza deportiva internacional y la ignorancia deliberada de los derechos fundamentales de los trabajadores.

Fracaso regulatorio y ausencia de diálogo social global

Estas violaciones no son el resultado de una acción gubernamental deliberada, sino del fracaso de la FIFA a la hora de regular la protección de los jugadores en una industria de alto riesgo. Las decisiones impulsadas por motivos comerciales han socavado activamente los convenios colectivos celebrados por los interlocutores sociales a nivel nacional y europeo.

El reconocimiento de la legislación laboral nacional y de los instrumentos internacionales vinculantes es posible, junto con las necesidades específicas de la industria del fútbol, tal y como ha demostrado el Diálogo Social Europeo para el sector del fútbol profesional. Con la participación de interlocutores sociales reconocidos, como los Clubes de Fútbol Europeos, las Ligas Europeas y FIFPRO Europa, y presidido por la UEFA bajo los auspicios de la Comisión Europea, los interlocutores sociales han adoptado en su plan de trabajo actual un proceso detallado para abordar el impacto del calendario de partidos en las condiciones de trabajo y la seguridad sanitaria de los jugadores.

Sin embargo, no existe un proceso equivalente a nivel mundial: no hay marcos vinculantes de los interlocutores sociales ni una representación significativa de los trabajadores en las decisiones que más afectan a la salud, la seguridad y los medios de vida de los jugadores y, en última instancia, a las normas nacionales e internacionales.

Proteger el fútbol europeo y su modelo social

FIFPRO Europa acoge con satisfacción la decisión unánime de admisibilidad del Comité como un paso fundamental para exigir responsabilidades a los Estados por los fallos sistémicos que socavan los derechos fundamentales de los jugadores, y pide a los Estados que exijan responsabilidades a las autoridades futbolísticas competentes por esta violación sistemática.

Además, FIFPRO Europa prestará todo su apoyo a la UNFP a lo largo del procedimiento y ha solicitado presentar observaciones en el marco de la denuncia ante la secretaría del Comité Europeo de Derechos Sociales, de conformidad con el artículo 32A.

Los interlocutores sociales y, en concreto, los jugadores y trabajadores representados por FIFPRO Europa y sus sindicatos afiliados, siguen a disposición de los organismos reguladores internacionales para desarrollar medidas de protección y estructuras de toma de decisiones en materia de convenios colectivos que se ajusten a los marcos jurídicos nacionales e internacionales.